Las autoridades locales que practican una mezcla Tradicionalista Católica amenazaron a Juan Gabriel López Pérez, de 28 años, que no iba a ser puesto en libertad a menos que vendiera su casa y saliera de la zona dentro de los 20 días. Cuando López cayó enfermo dos días en su sentencia de 72 horas, fue puesto en libertad temporalmente para recibir atención médica, mientras que su esposa se vio obligada a quedarse en la cárcel en su lugar.
En defensa, la Coordinación de Organizaciones Cristianas denunció la intolerancia religiosa asegurando que hay 11 municipios con más de 850 afectados. En conferencia manifestaron su inconformidad y denunciaron por las frecuentes violaciones a los derechos constitucionales, establecidos en el artículo 24 Constitucional y 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En un documento leído por el abogado Roger Guzmán Pacheco, señaló que “frecuentemente somos objeto de acoso, intimidaciones, burlas, restricciones, amenazas, despojo de tierras, destrucción de bienes muebles e inmuebles, robo de animales, encarcelamientos ilegales y agresiones físicas, por parte de las autoridades de nuestra comunidades y en algunos casos, en complicidad con los representantes de la iglesia católica”.
Hugo Eric Flores, diputado federal a favor de los cristianos espera encontrar una solución inmediata.
Fuente: christiannews, impactoevangelistico.net, agapeenlaradionoticias
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